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Querella diplomática ante las protestas y más noticias

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Preocupación sin ocupación

La noticia es que cuando creíamos que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no podían andar peor, una nueva disputa diplomática crece entre ambos gobiernos a raíz de un mensaje en la red social digital X de la Embajada estadounidense en La Habana.

Hasta ahora es un intercambio de declaraciones, veamos quién dijo qué, cuándo.

El mensaje que desencadenó la disputa precisa que [en la Embajada de Estados Unidos] «somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano».

La declaración siguió a las protestas del pasado fin de semana en el este de Cuba, por los continuos apagones y la falta de alimentos a través de la libreta de abastecimiento

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reaccionó con un comunicado en el que informó sobre una reunión sostenida con el encargado de negocios de Estados Unidos, Ben Ziff, luego de que este fuera llamado para «protestar por la conducta injerencista y los mensajes calumniosos del gobierno estadounidense y su Embajada en Cuba ante asuntos internos de la realidad cubana».

Si bien no es inusual que sean llamados a contar los diplomáticos representantes de países occidentales que tienen una reiterada opinión crítica sobre el actuar del gobierno cubano, lo diferente en este caso es que se haya hecho de manera pública.

El comunicado afirma que durante el encuentro —la declaración fue escrita posteriormente— «se llamó la atención sobre la responsabilidad directa del gobierno de los Estados Unidos ante la difícil situación económica por la que atraviesa Cuba […] bajo el peso e impacto del bloqueo económico diseñado para destruir la capacidad económica del país».

«El plan desestabilizador y su ejecución son evidentes a la vista de todos» afirma el comunicado y acusa a Washington de respaldar a personas radicadas en el sur de las Florida «cuyo único modo de vida es la industria de la agresión a Cuba».

El Departamento de Estado reaccionó al encuentro con Ziff afirmando que «Estados Unidos no está detrás de las protestas en Cuba y esa acusación es absurda», afirmó el portavoz adjunto principal.

También el subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, opinó que «el gobierno cubano no podrá satisfacer las necesidades de su pueblo hasta que adopte la democracia y el estado de derecho y respete los derechos de los ciudadanos cubanos».

Esto significa que la llamada de atención pública muestra el agravamiento de la situación entre ambos Estados, y el agotamiento por parte del gobierno cubano de todas las vías amistosas de petición de diálogo.

No es la primera vez que un encargado de negocios es llamado a contar. Ya pasó en diciembre de 2019 durante el período de Mara Tekach —representante entonces del gobierno de Donald Trump—, tras acusaciones de supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba, a lo que el Minrex respondió con similares preocupaciones sobre el mismo tema en Estados Unidos.

Más recientemente, en abril de 2021, el Director General de Estados Unidos del Minrex, Carlos Fernández de Cossío, convocó al entonces Encargado de Negocios, Timothy Zúñiga-Brown, a quien expresó rechazo por las valoraciones de Washington en un informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos de 2020. Zúñiga-Brown había sido llamado antes por su abierto apoyo al movimiento opositor San Isidro.

Esta vez el comunicado del gobierno cubano menciona la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, alegando que la Embajada la viola de alguna manera, con ese mensaje. Sin embargo, si se observan con detenimiento las publicaciones de los últimos años de la sede diplomática estadounidense en esa red digital, salta a la vista que esta última se queda por debajo, en términos de crítica al gobierno cubano.

El Minrex podría referirse al artículo 41. 1 de esa Convención el cual afirma que «todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor. También están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado».

Sin embargo, cabe la pregunta de si un mensaje en X cuenta como tal, o el llamado responde a la necesidad del gobierno cubano de explicar públicamente la responsabilidad que tienen las sanciones reforzadas contra Cuba en la actual situación económica de la Isla.

A la persecución a las transacciones internacionales, se suma el asedio a navieras y barcos que transporten combustible cubano, una vigilancia que puede terminar en multas o limitaciones comerciales para esas compañías, a las que solo le quedan dos opciones: o encarecer los envíos o no realizarlos del todo. Esta limitación, junto a la falta de divisa para importar el combustible, así como el pésimo estado técnico de las termoeléctricas cubanas, resultan en una crisis energética que impacta todos los sectores de la vida de los cubanos, así como cada una de sus industrias.

El comunicado también hizo hincapié en la posición de varios voceros en Miami que llamaron a más manifestaciones y a violencia. Sin embargo, la militancia política del llamado exilio es una maquinaria sobre la que Washington tiene poco control —al menos de forma pública—, y sería inexacto culpar a la actual administración de un ambiente de odio que se ha venido instrumentalizando y auspiciando desde hace varias décadas.

Nuestra opinión es que el mensaje de la Embajada en X ha sido visto por el gobierno de Cuba como una oportunidad para reiterar el peso de las sanciones sobre la actual crisis, lo cual algunos medios y voceros políticos afirman que es una forma de distraer la atención de la responsabilidad doméstica sobre los problemas que perturban la vida de los cubanos.

En el caso de la posición de la Embajada estadounidense, el mensaje responde a su línea de discurso habitual, que también mantiene una permanente vigilancia sobre cualquier expresión de disenso con el gobierno, para brindar rápidamente apoyo —de forma pública o privada— a los que protestan. Algo que sí viola claramente la Convención de Viena.

Tanto las llamadas de violencia junto a alaridos del más clásico discurso de odio, como el sobreinterés de medios de comunicación internacionales y de la oposición a cualquier acción que pueda desestabilizar al gobierno cubano, son un legado de años que consiste en alimentar voces extremistas o radicales contra el sistema político de la Isla.

Asimismo, hay evidente contradicción por parte del gobierno de Estados Unidos afirmar que «apoya al pueblo cubano mientras ejerce su derecho a reunirse» mientras no elimina o al menos flexibiliza las medidas que agravan sus carencias.

Un buen gesto de preocupación —y ocupación— sería prescindir de las restricciones sobre las navieras que transportan petróleo a Cuba o permitir que las empresas norteamericanas vendan a Cuba las piezas necesarias para la reparación de las termoeléctricas.

Estos pasos, al alcance de la administración Biden, mostrarían un genuino compromiso con el bienestar del pueblo cubano más allá de discursos vacíos y medidas que nos alejan de una paz democrática más que acercarla.

¡Petróleo ruso en camino! ¿Déjà vu?

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Petrolero ruso, imagen de referencia / Foto: Maritime Optima-Lennart Rydberg

La noticia es que 650 mil barriles de petróleo ruso donados a Cuba viajan a la Isla y deben arribar a finales de este mes, mientras que esta semana emprendió una apretada agenda de trabajo el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas.

La donación de petróleo en momentos de severa crisis energética, entre otras razones, debido a la falta de combustible, debe aliviar por unos días la pesada carga de apagones que oscurecen las noches de millones de cubanos cuando se reportan déficits de 1000 megawatts en horario pico.

Mientras tanto, de la larga lista de encuentros y reuniones que se reportan desde Moscú, el resultado más concreto que puede leerse de las notas de prensa es el compromiso de que Cuba recibirá créditos y será prioridad para el suministro de petróleo, trigo y fertilizantes, lo cual fue confirmado por el viceprimer ministro ruso Dmitri Cernyshenko.

Cabrisas lideró la delegación cubana a la vigésima primera sesión de la Comisión Intergubernamental para la colaboración económica-comercial y científico-técnica entre Cuba y Rusia.

Otra de las reuniones reportadas por Prensa Latina fue la que sostuvo con Daniel Algulyan, vicepresidente del banco estatal ruso VEB.RF, un encuentro en el que también estuvo la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal.

El sistema MIR de tarjetas está vigente en la Isla hace varios meses, y de acuerdo a varios reportes funciona sobre todo para turistas rusos que visitan los balnearios cubanos.

Esta noticia significa que Cuba continúa fortaleciendo el vínculo con Rusia en momentos de severa crisis económica. Moscú es un socio que puede ofrecer un salvavidas, como ya lo ha hecho antes, y es lo que parece ser ahora el envío de la donación petrolera, valorada en unos 50 millones de dólares.

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó en una declaración a la televisión cubana que Cuba está importando lo que tiene la capacidad de pagar, de acuerdo a las reservas de divisas. Si Venezuela está entregando combustible o no como parte de los acuerdos entre ambos países, no queda claro.

Nuestra opinión es que la ayuda de Rusia es de gran utilidad para Cuba, aunque las relaciones comerciales no se acercan a los niveles de las relaciones políticas. Para la inversión y las certezas de su retorno, se necesita la confianza de un sector privado ruso que aún mira desde cierta distancia la realidad cubana.

Anticomunistas contra la propiedad privada

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Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar

La noticia es que los congresistas republicanos a cargo de la redacción de la ley de apropiaciones (ley del presupuesto federal en Estados Unidos) intentan prohibir el uso de fondos del gobierno de Estados Unidos para la promoción del sector privado cubano, ni para el empresariado, ni para las reformas económicas, ni para ninguna otra asistencia que no sea de construcción democrática.

El texto de lo que se conoce como la Ley de Apropiaciones, porque es el dinero público que se autoriza a apropiar para los gastos del gobierno, fue publicado hoy, y fue redactado en su mayoría por congresistas republicanos miembros del Comité de Apropiaciones, y esa línea específica podría adjudicársele a Marío Díaz Balart, congresista cubano con un largo historial en el negocio de los «comercios» de votos para impulsar una agenda con Cuba que empuje lejos de todo tipo de intercambio con la isla.

La noticia fue denunciada por Erik Sperling, del medio estadounidense Just Foreign Policy: «Los republicanos de la Cámara son tan crueles y extremos con Cuba, que realmente quieren dificultar para Cuba implementar reformas de libre mercado y el empoderamiento de los dueños de negocios privados».

El proyecto de ley estipula el uso de 1.2 trillones de dólares para solventar los gastos del gobierno, y fue negociado por la Casa Blanca y los líderes de ambos partidos, para así evitar un cierre parcial del gobierno ante la posibilidad de quedarse sin dinero para su funcionamiento.

El documento de más de 1000 páginas detalla cómo se gastaría ese dinero en su gran mayoría, y muestra cómo el apartado de fondos para el «apoyo económico» no puede usarse para contribuir con el sector privado cubano, cuya existencia ha demandado por décadas el exilio y la migración cubana en el sur de la Florida que puso en su asiento a Mario Díaz Balart y a otros.

El director ejecutivo de la organización no gubernamental, y no partidista estadounidense Cuba Study Group escribió en la red digital X que «lo último que quiere el gobierno de Cuba es que los programas de promoción de la democracia de Estados Unidos promuevan las reformas económicas en Cuba, y ahora el Rep. Mario Díaz-Balart (para salvaguardar su red) lo ha hecho sólido al declarar esa práctica como ilegal».

Por su parte, el ex congresista y líder cubano americano, estrechamente ligado con el sector privado miamense y cubano, Joe García se suma al rechazo a esta iniciativa y afirma en la misma red social: «En el tema Cuba, los extremos se encuentran para promover el status quo. Cuba, que critica el apoyo de Estados Unidos a los empresarios, y el Congreso de Estados Unidos sigue por la misma línea haciendo ilegal ayudar a las empresas privadas».

Esto significa que los representantes republicanos de origen cubano, que están en el Congreso estadounidense buscarán todas las vías posibles para cerrar toda posibilidad de vínculo entre Cuba y Estados Unidos incluso cuando ese vínculo sea coherente con lo que ellos han exigido que debe pasar en Cuba.

Hace algunas semanas, la colega de Díaz Balart, María Elvira Salazar, presidió una audiencia en el Congreso cuyo solo título indicaba su posición al respecto: «el mito del emprendimiento privado en Cuba».

El lobby cubano-americano mantiene una política de cierre de cada hendija de cercanía entre ambos países, y etiquetan prohibir y limitar el acercamiento como legados básicos de su trabajo en Washington.

Al tratar de prohibir el uso de dinero federal para la promoción del sector privado cubano, que en las claves de la política estadounidense es una forma más solapada de impulsar las agendas de cambio de régimen, los congresistas impiden que la Embajada organice eventos de capacitación para los emprendedores en Cuba, ya que sería con el uso de dinero público.

Una economía más abierta al mundo capitalista, podría ser el sentido en el que se dirige el sector privado cubano que ya suma unas 10 mil empresas privadas y emplea más de la tercera parte de la fuerza laboral del país. Esta ha sido una demanda añeja de los voceros políticos de Miami y sus representantes en Washington, sin embargo, ya han encontrado una excusa para no encontrar en esto progreso y oportunidad: afirman que algunas de las 10 mil están vinculadas a familias del gobierno o del liderazgo de la Revolución Cubana. No obstante, en la audiencia de hace algunas semanas María Elvira Salazar no pudo mencionar más de 3 que supuestamente pertenecen a familias cercanas al poder real en Cuba.

Nuestra opinión es que de esta prohibición implementarse y llevarse a cabo, además de afectar el desarrollo de un sector que pudiera contribuir al bienestar al pueblo cubano, sería otra oportunidad perdida por parte de Estados Unidos de observar de cerca, ofrecer acompañamiento, y apoyo, y «de paso» ejercer influencia sobre personas clave para el futuro de Cuba, algo que sí están haciendo sus rivales en el terreno internacional como el Club de economistas rusos Stolypin.

En adición, habría que preguntarse qué intereses personales están detrás de impulsar una medida que contradice cualquier análisis desde el realismo político. El odio y la venganza ha sido un negocio rentable para muchos políticos y figuras del exilio que, aunque han fracasado durante más de 60 años el afán «de cambiar el régimen» se han visto beneficiados de los fondos aprobados para estos fines que salen de los contribuyentes norteamericanos.

Coloquio Patria: mirando la luna pero no el dedo del pie

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Patricia Villegas, Miguel Pérez Pirela y Freddy Ñáñez en el Coloquio Patria

La noticia es que unos 200 participantes de 31 países se reunieron en La Habana durante tres días en la tercera edición del Coloquio Patria, organizado por la Unión de Periodistas de Cuba y el auspicio y apoyo del Comité Central del Partido y del gobierno.

Paneles sobre inteligencia artificial, el uso de la tecnología para la desinformación, así como las formas de articulación de la izquierda dentro de la ofensiva de las fuerzas de extrema derecha fueron algunos de los temas debatidos en este evento, que coincidió con la Feria de Informática.

La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, el ministro del Poder Popular de la Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, el comunicador venezolano Miguel Pérez Pirela, influencers de izquierda de argentina, entre otras personalidades de la comunicación de la región, repitieron asistencia a este evento, que comenzó con un pequeño formato hace tres años y ha desbordado sus márgenes iniciales.

Los organizadores afirmaron que los eventos eran públicos y abiertos para quien quisiera asistir, un cambio con respecto a las ediciones anteriores. Sin embargo, la gran mayoría de los asistentes fueron periodistas o profesionales de la comunicación de los medios oficiales o públicos, académicos, y funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó el recinto ferial, e intercambió con los asistentes, además de organizar un encuentro privado en el que recibió a los delegados del Coloquio, en el Palacio de la Revolución.

Esto significa que el gobierno cubano refuerza sus vínculos con movimientos de izquierda en la región, e intenta continuar la imagen de Cuba como anfitriona segura y propicia para eventos que aglutinan a medios, influencers y militantes de la izquierda de la región, siempre que esa izquierda no sea crítica frontalmente a sus políticas.

El evento sucedió después de las protestas que sacudieron varias provincias de Cuba, sin embargo, al menos públicamente, no hubo declaraciones sobre la evidente crisis más acentuada en los territorios fuera de La Habana. Solo el presidente Díaz Canel entrevistado por NBC se refirió brevemente a los sucesos.

Nuestra opinión es que, si bien estos eventos contribuyen a la formación de los profesionales cubanos, y a crear vínculos de trabajo y aprendizaje con quienes tienen un largo camino recorrido en la línea de la contrainformación, debería ser también una oportunidad para que la prensa nacional aprenda de otras experiencias, en un contexto en que los medios cubanos sufren una crisis por falta de recursos económicos y credibilidad.

Tras la reunión en el Palacio de la Revolución, el presidente cubano afirmó: «Vamos a organizar la verdad de los pueblos del mundo y cuenten con Cuba para eso». Cabe preguntarse cómo podrá Cuba hacerlo cuando los medios públicos y oficiales cubanos tienen el desafío pendiente de contar responsable y periodísticamente la propia verdad de Cuba.


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